Columna de opinión
Publicada en Le Monde Diplomatique
Hace unas semanas se promulgó la tan anunciada ley de 40 horas. Un proyecto que ingresó el año 2017 en manos del Partido Comunista, que presentaba una disminución de la cantidad de horas por jornada de trabajo, y que se zanjó cerca de cinco años después, en términos sumamente diferentes a los originales. El nuevo texto, celebrado por el oficialismo, no ha estado exento de críticas tanto de ciertos sectores del mundo sindical, como de académicas y expertos en la materia. Detrás de estas opiniones se encuentra la preocupación porque se haya aprobado una norma que transa horas de trabajo por flexibilidad, y que entrega definiciones claves sobre la distribución de la jornada individual de trabajo a un ‘’acuerdo’’ entre las partes, que en el derecho laboral no están en una posición simétrica, y a los sindicatos de las empresas.
Aunque pueda sonar bien que se concedan estas decisiones las organizaciones sindicales, en realidad entregar a las directivas la negociación de ciertos aspectos relativos a la jornada laboral de cada persona está lejos de ser una garantía para las y los trabajadores sindicalizados, ya que la fragmentación de las organizaciones sindicales las suele dejar en una posición de debilidad frente al empleador. Esta ley, de hecho, podría generar un incentivo perverso a las empresas para constituir sindicatos que, manejados por ellas, les permitan camuflar decisiones unilaterales como si fuesen pactos de flexibilidad.
Si hemos llegado a un estado tal no se debe a una falta de esfuerzos por parte de la población sindicalizada, sino por el establecimiento institucional del plan laboral de José Piñera y su fortalecimiento por parte de quienes han estado en el poder desde hace treinta años. El escenario político, sin embargo, ha cambiado radicalmente en la actualidad, y la posibilidad de hacer frente al modelo de relaciones laborales de la dictadura está a nuestro alcance. Para ello, son varios los desafíos que el mundo sindical debe enfrentar dentro de los próximos años, y hay dos que son probablemente los más necesarios y urgentes para dar paso al resto.
El primer gran desafío es en materia de género. Hace unas pocas semanas un nuevo informe de la Dirección del Trabajo daba cuenta de que la participación laboral femenina en Chile en espacios formales de trabajo estaba en un 46% al año 2021, lo que representa una baja respecto de las cifras previas a la pandemia que arrojaban una participación del 53%. Es un número preocupante considerando que el mismo estudio da cuenta de una participación del 60% en América Latina.
Estas cifras tienen sentido si consideramos la adversidad que debieron enfrentar las mujeres durante la emergencia sanitaria, que además de una jornada formal, cargaban con la responsabilidad de la mayor parte de los trabajos reproductivos y de cuidado que se dispensaban socialmente. Dicha tarea estaba su cargo no sólo en sus hogares, sino también en los trabajos formales que tienen esa naturaleza. No es de extrañar que su permanencia en estos espacios disminuyera, si observamos las grandes mermas que la doble jornada propiciada por el modelo generó en su productividad y en su salud.
En cuanto a su sindicalización, si bien ha aumentado, resulta preocupante que, según el mismo informe, su cuota de participación en las directivas de sindicatos de empresa sea de un 27,1% siendo que representan el 42,7% de las socias, mientras que los hombres dirigentes son el 72,9% y representan el 57,3% de los afiliados. En este contexto también ocurre que cada cuatro dirigentes, tres son hombres y sólo una es mujer, y que en el resto de los cargos el más feminizado es el de las secretarias. Estas cifras muestran la necesidad de establecer como mínimo un sistema paritario, y develan la insuficiencia de la reforma laboral del año 2016 en esta materia.
El desafío de avanzar en construir sindicalismo feminista en Chile es urgente, no sólo por cumplir con estándares, sino sobre todo porque nuestro país está en medio de procesos de cambio cuyas dinamizadoras, en una gran medida, hemos sido las mujeres. Con encuentros, jornadas de huelga y marchas sucesivas desde el año 2019 que llegan a convocar más de un millón de mujeres, la agenda política no ha podido seguir invisibilizando la organización feminista, y entonces tener dirigentas que ocupen roles con capacidad y poder de conducción no es un asunto nominal, sino sustantivo.
Efectivamente, un sindicalismo que no considere las demandas históricas de las mujeres trabajadoras, cuyas principales representantes y defensoras son éstas, no tiene posibilidad de hacerse un espacio en las disputas políticas que se están dando de manera transversal a nivel nacional. Así, reconocer el rol central de las mujeres y sus luchas en el movimiento sindical, entre ellas, la que reconoce y entrega garantías para los trabajos domésticos y de cuidados, es una necesidad de primer orden si las organizaciones sindicales pretenden recuperar su rol de masas. A su vez, deben enfrentar con seriedad los estereotipos de género y las lógicas patriarcales que se han arraigado a su quehacer, y que aun hoy genera un desincentivo para muchas mujeres interesadas en tomar roles de dirigencia.
El segundo gran desafío que se vislumbra es el establecimiento de un sistema de negociación colectiva ramal. Hace poco menos de un año, nuestro país terminaba un texto constitucional que finalmente no fue aprobado. El documento final de la propuesta de nueva constitución del año 2022 contenía una serie de garantías que permitían fortalecer el derecho laboral en su esfera colectiva, y entre ellas, se encontraba el reconocimiento de la negociación colectiva en todos los niveles, incluyendo la negociación por rama. Aunque era una norma sumamente importante para las organizaciones sindicales, que permitía abrir de inmediato uno de los grandes cerrojos que evitan su fortalecimiento, su acuerdo inicial pasó relativamente desapercibido, en una buena medida por la dificultad que tiene el movimiento sindical de posicionar su agenda a nivel nacional.
A ocho meses del rechazo estamos al inicio de un nuevo proceso constituyente, y hasta ahora su desarrollo ha sido sobre todo a través de la comisión de expertos, que tiene la tarea de proponer un primer borrador del texto constitucional. Específicamente sobre negociación colectiva ramal, lo único que se ha planteado hasta ahora es la consagración del derecho a la negociación colectiva, sin especificar que se asegure la negociación colectiva ramal a nivel constitucional. De aprobarse un texto en estos términos, las posibilidades serían dos: la disputa a nivel jurisprudencial para que no se privilegie e incentive únicamente la negociación en la empresa por sobre otros tipos como la negociación a nivel ramal, o bien, la disputa legal.
La primera de ellas se ve atravesada por la ya mencionada dificultad de la mayoría de los sindicatos del país de avanzar de forma transversal y con fuerza en sus demandas, en especial si no se trata de sindicatos con una gran cantidad de recursos o con presencia en varias regiones del país. La segunda, del carácter que pueda tener un eventual proceso legislativo.
La ministra del trabajo, Jeannette Jara, anunció a fines de febrero que el gobierno está preparando una reforma en este sentido. Siendo aún compatible con una eventual nueva constitución e incluso con la actual constitución en la opinión de diversos expertos y expertas, la oportunidad de consagrar la negociación ramal se nos presenta como cierta, y esta vez, la urgencia es impulsar un espacio de organización de carácter nacional, por fuera de los partidos del gobierno, que empuje la creación de la ley y participe activamente en la discusión que permita que la reforma llegue a buen puerto. No es posible que el sindicalismo siga considerando como ganadas transformaciones legales e institucionales que en la práctica no permiten cumplir el objetivo para el que se crean. De este modo, la apuesta es por lograr que se legisle sobre negociación ramal en serio y sin trampas, y que se entregue con ello una herramienta para combatir, de una vez por todas, la atomización sindical que tanto daño le ha hecho al mundo del trabajo consiguiendo algo sencillo, pero fundamental: darle a las y los trabajadores herramientas para discutir, a nivel de sus empresas y de la sociedad, sus propios destinos.
Por Naiara Susaeta Herrera, Abogada, Presidenta Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores.
