Declaración Pública
Como Defensoría Popular de las y los Trabajadores hemos sostenido, desde nuestra misma fundación como organización hace ya 7 años, que el modelo laboral chileno creado en dictadura por Jose Piñera y cautelado en la Constitución de 1980 de Jaime Guzmán, es un modelo erguido abiertamente en contra de las y los trabajadores, permitiendo el ejercicio de grados relevantes de violencia contra toda la clase trabajadora en favor de los intereses del gran empresariado nacional y transnacional.
Por ello el 18 de octubre de 2019 no tuvimos dudas en señalar que, entre las causas determinantes de la revuelta social y popular denominada mediáticamente como estallido social, estaba el modelo de trabajo de nuestro país. Los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo, la vulneración de derechos fundamentales, las extenuantes jornadas, la inestabilidad, la discriminación de género y la invisibilización del trabajo reproductivo, entre otras, son el caldo de cultivo para un sistema que produce malestar y frustración permanente en las y los trabajadores chilenos.
La atomización sindical, el paralelismo sindical, una huelga que no paraliza y la prohibición a los sindicatos de abordar materias relacionadas a las facultades de administración, son los pilares del plan laboral que hacen posible las malas condiciones laborales a las que se somete diariamente a millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Dicha normativa, no fue ni ha sido alterada en lo sustantivo, en estos casi 35 años de democracia.
La huelga general del 12 de noviembre de 2019, que logró ser un momento central de unidad de fuerzas sindicales y sociales logrando una amplia convocatoria a la paralización productiva y reproductiva de dicha jornada, tuvo como respuesta de las fuerzas políticas institucionales el acuerdo para permitir el primer proceso constituyente. Lamentablemente, la oportunidad de garantizar transformaciones estructurales al modelo de relaciones laborales chileno en ese momento, no fue considerada por las fuerzas institucionales que firmaron el acuerdo, ni las fuerzas sindicales y sociales fueron capaces de rebasar dicho acuerdo para instalar dichas demandas.
Sin perjuicio de ello, el proceso constituyente abrió una oportunidad para realizar una modificación a la regulación constitucional del trabajo y con ello, comenzar a desmontar el plan laboral de la dictadura. Si bien el trabajo y los derechos colectivos del trabajo no fueron una centralidad de dicho proceso lo que sin duda constituyó una debilidad relevante del proceso de la Convención, el texto final propuesto era sustantivamente mejor al de la Constitución 1980, terminando con los pilares del plan laboral e instituyendo un marco constitucional que permitiría garantizar un modelo de derechos colectivos robustos y real protección a las y los trabajadores.
Con el rechazo de dicha propuesta y el inicio del segundo proceso constitucional, las alternativas de transformar el modelo laboral chileno comenzaron a esfumarse. El actual proceso llevado adelante, primero por la comisión de expertos y luego por el Consejo, tuvo nula participación de dirigentes sindicales, en la discusión el trabajo tuvo un rol aún menos relevante que en el proceso anterior para, finalmente y contra todas las posibilidades, terminar proponiendo un texto peor para las trabajadores y trabajadores chilenos.
La limitación de las facultades de la Inspección del Trabajo debilitando el ya débil sistema de protección de derecho laboral individual chileno, la amplía objeción de consciencia institucional abriendo espacio a la discriminación en las empresas, la mantención del sistema de negociación en la empresa y la limitación de la huelga a la negociación colectiva, además de una absoluta falta de perspectiva de género y reconocimiento del trabajo reproductivo, hacen esta propuesta aún más regresiva y violenta, si se mira desde el punto de vista de las y los trabajadores.
Un proyecto de constitución que, en cambio, esta redactada desde los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales los que, por su puesto, han llamado a aprobarla y han movilizado sus recursos para ello, por lo que, no nos parece errado bautizarla como la constitución de los grandes empresarios. Una constitución que, además, asume una perspectiva conservadora atentando contra los derechos reproductivos, laborales y de todo orden de las mujeres, configurándose en un texto de extrema derecha.
Por todo ello, como Defensoría Popular de las y los Trabajadores llamamos a votar en contra de este texto contrario a las y los trabajadores. Consideramos fundamental, además de movilizarnos por el voto en contra, que luego de la elección de este domingo seamos capaces, desde el movimiento sindical y social, de realizar un balance para encontrar las causas que nos condujeron a este momento complejo, para así proyectar las luchas futuras. Podemos sostener desde ya que, en esas luchas, será fundamental el no circunscribirse a la postura defensiva a la que ha sido relegado el movimiento sindical y popular, para ser capaces de ir a la ofensiva en la conquista de un programa que tenga como ejes necesarios el fortalecimiento de la organización de las y los trabajadores y, dentro de ello, la conquista de la negociación colectiva ramal y una huelga de múltiples fines. Como DPT seguiremos acompañando la lucha de las y los trabajadores, con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad.
Defenfensoría Popular de las y los Trabajadores
